En el marco de la II Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios advirtió que no basta con ejecutar actividades formales para proteger las semillas nativas de maíz de los pueblos indígenas, sino que se requiere, además, el cumplimiento material y estructural de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en 2023.

El Ministerio Público hizo referencia a la Sentencia T-247 de 2023 de la Corte Constitucional, relacionada con la política pública para la protección, conservación y producción de semillas nativas y criollas, en la que se alertó sobre el riesgo derivado del uso de organismos genéticamente modificados (OGM) en territorios colectivos de grupos indígenas y sobre la ausencia de un marco mínimo de protección de las semillas autóctonas, en particular de las variedades de maíz fundamentales para la historia, las tradiciones, la alimentación y la autodeterminación de estos pueblos.

La Corte aplicó el principio de precaución, reconociendo la relación directa entre semillas, identidad cultural y autonomía de los pueblos indígenas, razón por la cual la Procuraduría enfatizó la urgencia de adelantar las siguientes acciones:

- Conformar un equipo interdisciplinario con enfoque técnico y étnico.

- Adoptar formalmente la política pública ordenada por la Corte.

- Implementar estudios técnicos rigurosos.

- Garantizar el monitoreo efectivo de los OGM.

“La decisión constituye un hito jurisprudencial en la protección de las semillas nativas y criollas de maíz, patrimonio genético y diversidad biológica, derechos bioculturales de los pueblos indígenas, soberanía alimentaria, salud humana y medio ambiente”, explicó la Delegada del Ministerio Público.